En el marco de la denuncia hecha por el director de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador Martín Arévalo, los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, llevaron a cabo varias diligencias investigativas.
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La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, designó a los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce a fin de que intervengan en la investigación sobre la denuncia presentada por el titular de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador Martín Arévalos por hechos de Tráfico de Influencias.
Es así que durante la mañana del sábado prestó declaración testimonial el titular de la Dirección General de Aduanas, Julio Fernández, denunciante, quien puso a disposición su teléfono celular a fin de que sea sometido a peritaje.
Así también fueron convocados a prestar declaración ante los agentes fiscales, otros funcionarios de la entidad, tales como María Guadalupe Ruiz Campos, administradora de Paksa; Selva Sirlene Corina Decoud, jefa del departamento de representación fiscal de la dirección jurídica; Gisselle Lampert, directora Jurídica; y Luciano Flor, jefe de Departamento de Sumarios.
Posteriormente en el trascurso de la tarde, se llevaron a cabo dos allanamientos en las viviendas de Roberto Luis Pereira y de Miguel Medina, funcionarios de Aduanas, de donde se incautaron varios equipos celulares.
En las redes sociales llamó poderosamente la atención a más de uno que estas viviendas de los trabajadores de Aduanas fueran muy lujosas.
LA DENUNCIA
Según Fernández, Arévalos le habría solicitado e insistido en la designación de personas para puestos claves, así también señaló su vinculación con hechos de contrabando.
Los hechos que denuncia el titular de la mencionada institución, serian los siguientes: pedidos de designación de funcionarios, intermediación en la tramitación de sumarios y procesos administrativos de competencia de la Aduana, y liberación de mercaderías declaradas en infracción aduanera de contrabando.
Fernández refirió que Aduanas decomisó y remató el cargamento bajo las leyes vigentes, recalcando que la intervención del parlamentario en el conflicto a favor del empresario fue el agravante, teniendo en cuenta que según sus afirmaciones constantemente recibía acoso por parte del legislador para ingresar a personas como funcionarios en Aduanas.
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