(CRHoy.com) La mañana de este viernes 17 de marzo, el abogado constitucionalista Fernando Zamora Castellanos presentó una denuncia ante la Procuraduría de Probidad y Ética Pública en contra de las autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS) por un aparente pago millonario en un contrato de asesorías.
“Esto a raíz de un multimillonario pago a una entidad privada, —para un total de un millón seiscientos mil dólares USD—, correspondiente, —para la fecha en la que se hizo el pago—, a la suma aproximada de mil millones de colones, por concepto de una asesoría para explorar la compra de la Aseguradora General domiciliada en la República de Guatemala”, explicó el comunicado de prensa.
Según la denuncia que presentó el abogado, para el momento en que el INS concretó el acuerdo de pago, no existía ninguna oferta de venta que ameritara el gasto de recursos públicos que habría alcanzado la suma de 1000 millones de colones.
El abogado indica que la asesoría se pagó para explorar la compra de una aseguradora domiciliada en Guatemala, valorada en aproximadamente 121 millones de dólares. Pero que en el momento en que se hizo el pago, no existía ninguna “oferta de venta que ameritara el gasto de los recursos”.
Además, en dicha denuncia, la cual CRHoy.com tiene una copia, reprocha que los pagos se habrían realizado contrariando dictámenes de la auditoria interna del instituto, por lo que se declararon secretos, lo que no cumple con la ley general de control interno que obliga al INS a no ocultar dictámenes de auditoría.
“El actuar de los jerarcas transgrede los principios de contratación pública, como el de probidad, transparencia, respaldo técnico que fundamenta las contrataciones administrativas, frugalidad en dichas contrataciones, los principios de eficiencia y eficacia administrativa, buena fe, e intangibilidad patrimonial.
En razón del secretismo derivado de la declaratoria indicada, se solicitó que, conjuntamente con los hechos denunciados, se investigue la identidad de los jerarcas públicos involucrados en esta denuncia”, mencionó.
Este medio solicitó al Instituto Nacional de Seguros una reacción a través de su departamento de prensa y al cierre de esta nota, la consulta se encuentra en trámite.
INS responde
El director Jurídico del INS, William Emilio Fernández, rechazó las afirmaciones del abogado en la denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública, ya que señala que se basan en “presunciones, a partir de información imprecisa e incorrecta que le fue suministrada”.
“Respetuosos del ordenamiento jurídico, el Instituto Nacional de Seguros se pondrá a las órdenes de esa autoridad administrativa y aportará una copia certificada del expediente, para demostrar que la actuación administrativa se apegó al principio de legalidad, transparencia, probidad y ética”, indicó Fernández.
Además, aseguró que es falso que en la Institución haya actuado con secretismo y que no se trasladara la documentación que requieren los órganos de control administrativo.
“Este tema fue conocido incluso por la Sala Constitucional en las últimas semanas dando la razón al INS, información que puede ser verificada en el Exp: 22-028551-0007-CO Res. No 2023004258. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés”, explicó Fernández.
